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Una agencia de detectives descubrió que en la Universidad Complutense de Madrid se facturaron miles de horas que no se cumplieron y otras tantas horas de servicio fueron prestadas por personal sin habilitación o con placas de identidad falsas

Denuncian que una empresa que presidía Pedro Morenés estafó más de 400.000 euros a la Complutense

Una agencia de detectives descubrió que se facturaron miles de horas que no se cumplieron y otras tantas horas de servicio fueron prestadas por personal sin habilitación o con placas de identidad falsas

El director de seguridad de la Universidad Complutense de Madrid  ha sido acusado en los juzgados de Madrid de colaborar en el presunto saqueo llevado a cabo durante los años 2006 y 2007 por la empresa Segur Ibérica de una suma superior a 400.000 euros,  mediante la facturación de miles de horas de vigilancia falsas o realizadas por vigilantes sin la preceptiva habilitación del Ministerio del Interior, condición indispensable por la ley de Seguridad Privada para ejercer las funciones de agentes de la autoridad en el recinto encomendado.La denuncia ha sido presentada por la Aspacom (Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción”, domiciliada en Barcelona y cuyos promotores son vigilantes de seguridad, abogados y expertos en seguridad e investigación privada, según se acredita notarialmente en el cuerpo de la denuncia.Según el escrito de denuncia presentado por el abogado Ricardo Navarro Torres, ante el juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, de guardia el pasado 10 de octubre, se acusa a Justino Marcos Benito, jefe de seguridad de la Complutense de los delitos de “dejación de la obligación de perseguir delitos”, “estafa con abuso de cargo”, “usurpación de estado civil” y falsedad en documento oficial”.La denuncia está basada -señala el escrito- en documentación recibida en la sede de Aspacom en Barcelona y a finales del pasado curso universitario su contenido fue contrastado -dicen- con la propia Universidad Complutense, en concreto con su Rector, José Carrillo, así como con diversos juzgados y organismos oficiales. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, era el presidente de Segur Ibérica cuando acontecieron los hechos que ahora se denuncian.

“El fraude que denunciamos –informa el denunciante- se ha producido en la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la UCM entre enero de 2006 y octubre de 2007 [siendo el rector Carlos Berzosa], la documentación recibida indica que se ha realizado desde dentro, desde la propia Dirección de Seguridad de la UCM con la colaboración de la entonces empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad (Segur Ibérica, S.A.). Es más que probable su continuidad temporal a partir de 2008 con la nueva empresa adjudicataria Serygur, S.A., implicada en el caso Gürtel”.

En esos años, concretamente entre 2006 y 2009, Serygur, una sociedad hasta entonces desconocida en el sector, también consiguió adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros.

Según Aspacom “el fraude cometido contra la UCM es casi tan antiguo como el mundo: cobrar servicios que no se prestan con la connivencia de quienes deben supervisar su cumplimiento, obteniendo un beneficio económico importantísimo a cambio de…nada, con total impunidad y pocas posibilidades de que pueda ser descubierto”.

Igualmente en la denuncia añade que “la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia desde enero de 2.006 hasta octubre de 2007 (Segur Ibérica, S.A.), no cubría el 14,70% – aproximadamente- de los servicios contratados conforme se detallará en el hecho siguiente. La operativa era bien sencilla y se veía favorecida por la dispersión de sedes de la UCM por la ciudad de Madrid que no tienen continuidad física entre ellas: Campus de Moncloa: 37 Facultades, Colegios Mayores e Instalaciones deportivas. Campus de Somosaguas: 7 Facultades, Escuelas Universitarias e Institutos. Seis edificios distribuidos por toda la ciudad: Bibliotecas, y Escuela de estudios Empresariales, Edificio Donoso Cortés: Escuela de Biblioteca de Economía, Escuela de Óptica, etc….”.

Para los denunciantes “la dispersión, los diferentes turnos horarios y la naturaleza de los servicios –en interior y exterior de edificios, en días festivos, en periodos no lectivos etc,..- hacen muy difícil que el personal de la Universidad no relacionado con la seguridad pueda percatarse a simple vista de si se están realizando o no”.

En este sentido añade el escrito que  “por razón de su cargo, el Director de Seguridad -empleado de la UCM y titulado por el Ministerio del Interior para esta función- planifica los servicios a realizar y las condiciones de su prestación conforme al concurso adjudicado; además es él quien debe dar el visto bueno para que se abonen las facturas a la adjudicataria, por lo que su colaboración es absolutamente necesaria para cometer el fraude: le basta con hacer la vista gorda”.

Falsificación de carnets y placas de vigilantes

Uno de los aspectos en los que pone más énfasis la asociación de denunciantes es en el hecho de las supuesta falsificaciones de hojas de servicio, carnets y placas identificativas de vigilante de seguridad expedidos por el Ministerio del Interior, usurpando la identidad de sus titulares.

“El número de TIP (placa) sería el equivalente a la de los agentes de policía, sirve para identificarse ante los ciudadanos y también para acreditar ante la UCM y el Ministerio del Interior la identidad de los vigilantes. Hemos comprobado en las hojas de servicio que a un gran número de vigilantes se les asignaban diferentes números de TIP (placa), por lo que solo cabe la posibilidad de que hayan sido falsificadas (puesto que los vigilantes deben llevarlas en lugar visible) o que correspondan a otro vigilante del que se usurpa la identidad”, afirma Aspacom.

“También -manifiesta el denunciante-  hemos comprobado mediante consulta en el BOE que muchas de las hojas de servicio incluyen a gran número de trabajadores que nunca han llegado a ser vigilantes de seguridad pero se les asigna un número de TIP (placa). A continuación se relacionan 49 trabajadores en esa situación, teniendo serias dudas de que incluso hayan llegado a trabajar en la empresa de seguridad adjudicataria y hayan prestado servicios en la UCM”.

Detectives privados acreditan el presunto delito

Investigación llevada a cabo por la agencia de detectives Gestaltia, de Alicante, analizando miles de documentos diversos y cuadrantes a lo largo de varios años han sido la base para verificar con datos de Seguridad Privada la presunta estafa. Según recoge la denuncia los detectives han acreditado que entre enero de 2006 y octubre de 2007 Segur Ibérica facturó 186.607 horas de vigilancia, por un importe de 16,14 €/hora –según pliego del Concurso Público-. “En este sentido concluimos que se han facturado 27.429/h. que no han sido realizadas por un importe de 442.704,06 €”

Según se recoge en la denuncia “si se comparan por meses las horas de vigilancia que debían haberse realizado conforme a los pliegos del concurso (columna “horas pliegos UCM”) y las que efectivamente se realizaron según las hojas de servicio de los empleados (columna “horas parte UCM”). El total de horas no realizadas suma 27.429, que a razón 16,14 €/h. suponen 442.704,06 €”.

Aspacom estima en el 14,70% la media de horas de vigilancia no realizadas y facturadas por Segur Ibérica y asegura que no es una cifra producto del azar, “sino que encaja dentro de los parámetros aproximados del 15% que se suele defraudar en los contratos públicos en los que se cometen este tipo de irregularidades, como desgraciadamente nos tiene acostumbrados el día a día de la corrupción que asola España”.

Asimismo añaden que “la cuantía de lo defraudado puede multiplicarse exponencialmente si extrapolamos los datos de estos 22 meses (enero de 2006 a octubre de 2007) al periodo noviembre de 2007 a octubre de 2013 (setenta y dos meses), en cuyo caso nos encontraríamos ante un fraude de 84.767,63 h. equivalentes a 1.368.149,54.-€ , todo ello sin tener en cuenta la revalorización anual del precio/hora. En total, desde el 01/01/2006 hasta el mes de octubre de 2.013, podemos encontrarnos ante un fraude de 1.810.853,60.-€ .

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Agentes de la Policía Nacional han liberado a una adolescente de 15 años de edad obligada a prostituirse en varios clubes y han arrestado en Santiago de Compostela, Padrón y Valladolid a 10 personas presuntamente responsables de la explotación sexual de la víctima, investigado por la Brigada de Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en unión del Grupo Operativo de Extranjeros de Santiago de Compostela, el Grupo de Menores de la Unidad Adscrita a la Xunta de Galicia (quienes encuentran a la menor en la vía pública de Santiago) y la UCRIF de Valladolid

Liberada una adolescente de 15 años obligada a prostituirse en varios clubes y detenidos 10 de sus captores

16 / 10 / 2013 MADRID

La menor ha sido hallada en Santiago de Compostela cuando huía a la carrera después de ser agredida

Ser explotada sexualmente en Valladolid fue el destino inicial de la menor tras abandonar Rumanía, su país de origen, con la falsa promesa de un trabajo como cuidadora de niños

En la ciudad castellanoleonesa contactó con varias personas oriundas de su mismo pueblo natal en Rumanía, quienes le ayudarían a escapar de la situación en la que se encontraba

En un descuido de los porteros, la víctima abandonó el club y se trasladó con su nueva “familia” a Santiago, donde nuevamente fue explotada sexualmente y sometida a agresiones y vejaciones

El pasado mes de abril la Policía Nacional inició una campaña contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual y habilitó el teléfono gratuito 900.10.50.90 y el correo electrónico trata@policia.es para solicitar la colaboración ciudadana y facilitar las denuncias de las víctimas

Agentes de la Policía Nacional han liberado a una adolescente de 15 años de edad obligada a prostituirse en varios clubes y han arrestado en Santiago de Compostela, Padrón y Valladolid a 10 personas presuntamente responsables de la explotación sexual de la víctima. Ser prostituida en Valladolid fue el destino inicial de la menor tras abandonar Rumanía, su país de origen, con la falsa promesa de un trabajo como cuidadora de niños. En la ciudad castellanoleonesa contactó con varias personas oriundas de su mismo pueblo natal en Rumanía, quienes le ayudarían a escapar de la situación en la que se encontraba. En un descuido de los porteros, la víctima abandonó el club y se trasladó con su nueva “familia” a Santiago, donde nuevamente fue explotada sexualmente y sometida a agresiones y vejaciones.

La víctima de 15 años ha sido hallada en la periferia de Santiago de Compostela, cuando corría huyendo de una agresión que le había propinado el responsable del clan familiar que la retenía. Tras una primera asistencia, la menor relató a los agentes cómo fue “tratada” desde Rumanía a Valladolid con una falsa promesa de trabajo como cuidadora de niños de cuna. Una vez en Valladolid, fue explotada sexualmente por varias personas y obligada a ejercer la prostitución en un club de alterne.

Ante las condiciones de semiesclavitud a las que era sometida, contactó con unos compatriotas que vivían en la ciudad de Santiago, conocidos de la menor al haber nacido todos ellos en el mismo pueblo de Rumanía. Éstos, sabedores de la situación de la menor, le prometieron que la ayudarían a escapar y que trabajaría en labores del hogar, no volviendo a ejercer nunca la prostitución. La menor, una noche, decidió huir del club de Valladolid en el que era explotada aprovechando un descuido de los porteros del local.

Nueva falsa promesa

Tras la huida de la menor y una vez que hubo llegado a Santiago de Compostela con su nueva “familia”, éstos de nuevo la explotaron sexualmente obligándola a ejercer la prostitución en otro local de alterne de Padrón, siendo sometida nuevamente a todo tipo de agresiones y vejaciones. De hecho, el clan familiar de Santiago llegó a pagar una contraprestación económica al clan de Valladolid a cambio de la menor.

La colaboración del agregado de Rumanía en España ha permitido la plena identificación de la víctima y la localización de los clanes familiares responsables de la explotación de la menor tanto en Valladolid como en Santiago, así como de los clubes de alterne en los que fue explotada. La operación se ha dividido en dos fases, la primera realizada en Santiago de Compostela y la segunda en Valladolid. En total han sido detenidas 10 personas (3 en Santiago, 1 en Padrón y 6 en Valladolid) como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, corrupción de menores, relativos a la prostitución, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos se encuentran los responsables de los dos clubes donde la menor fue explotada, así como los miembros de los clanes familiares que la retuvieron. Tres de los arrestados tenían además en vigor sendas Órdenes Europeas de Detención.

Los investigadores también han practicado registros y un control para la detección de víctimas en dos domicilios y los dos clubes de alterne, en los que se han incautado de diversa documentación falsificada, una defensa extendible, documentos relativos a la compra-venta de la menor, la documentación original de la víctima, documentos de viaje incriminatorios, sustancias estupefacientes y un vehículo en el que la menor era trasladada. La investigación ha sido coordinada por la Brigada de Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en unión del Grupo Operativo de Extranjeros de Santiago de Compostela, el Grupo de Menores de la Unidad Adscrita a la Xunta de Galicia (quienes encuentran a la menor en la vía pública de Santiago) y la UCRIF de Valladolid.

Campaña contra la trata

La Policía Nacional lanzó en abril una campaña en la que se difundieron dos vídeos a través de los cuales se ofrecen medios para posibilitar tanto la colaboración ciudadana como la denuncia de las víctimas. Estas vías ofertadas son el teléfono gratuito -900.10.50.90- atendido las 24 horas por policías especializados de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos y el correo electrónico –trata@policia.es– que preservan la confidencialidad de sus usuarios.

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El PSOE acusa a Fernández Díaz de querer privatizar la seguridad en las prisiones y pide que comparezca en el Congreso

El PSOE acusa a Fernández Díaz de querer privatizar la seguridad en las prisiones y pide que comparezca en el Congreso MADRID, 03 (EUROPA PRESS) El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro Muñoz, ha expresado hoy su “oposición plena” a los planes del Gobierno que, a su juicio, pretende privatizar la seguridad en las prisiones. Por ello ha reclamado la comparecencia del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que explique sus planes en esta materia. El Ministerio acometerá durante el último trimestre del año la implantación de efectivos de seguridad privada en labores de “vigilancia auxiliar” en las cárceles, una iniciativa que se pondría en práctica en cerca de una veintena de centros penitenciarios. Según el Ministerio, el plan no contempla que la seguridad privada sustituya a la Guardia Civil o los funcionarios de prisión en las labores que les son propias, sino que su función será la de prestar “vigilancia auxiliar” como el control externo o la visualización de monitores del circuito cerrado de seguridad de los centros. En un escrito registrado en el Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista reclama la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente para que se debata la comparecencia del Ministro del Interior “para informar de la sustitución de Policía y Guardia Civil en la prestación de los servicios de seguridad perimetral en las prisiones, así como de funcionarios de instituciones penitenciarias en la seguridad interior, por servicios de seguridad privada”. “LA SEGURIDAD NO PUEDE SER UN NEGOCIO” Para el portavoz socialista de Interior, esta decisión supone el “primer paso para la privatización del sistema penitenciario” y ha advertido de que el sistema penitenciario “requiere, como toda seguridad ciudadana, que se ejerza por funcionarios públicos”. En este sentido, Muñoz ha recordado que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les atribuye “vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran”. “La seguridad no puede ser entendida como un negocio y cercenar cada vez porciones más amplias de servicios públicos como la seguridad, que, como ha recordado, pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos”, ha denunciado Muñoz. En su opinión, la justificación que da el Gobierno “es un argumento falso” porque “la seguridad privada puede reubicarse en otras funciones, pero nunca en lo que es competencia de los funcionarios públicos”. “No se pueden sustituir funcionarios públicos con una formación especializada para las labores que desarrollan como es el caso de los funcionarios de prisiones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que custodian las prisiones, por vigilantes de seguridad privada que carecen de esa formación específica”, ha denunciado.