La labor del pequeño Nicolas consistía en captar inversiones y contratos para una empresa constructora con sede en Madrid, Edhinor S.A

 

¿Cómo consiguió un chico de 20 años sin trabajo conocido utilizar a su antojo un chalé de 700 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de la capital? Esa pregunta que se hace todo el mundo ya tiene una respuesta. El verdadero propietario de ese inmueble es Kyril de Bulgaria, príncipe de Preslav. Él mismo lo admitió ayer en declaraciones a El Mundo. Negó conocer al ‘pequeño Nicolás’, pero explicó que una inmobiliaria se encarga de gestionar sus alquileres. Aseguró que los últimos inquilinos estuvieron un año y abandonaron la vivienda el pasado mes de junio.

El inquilino no fue exactamente el presunto impostor. Según fuentes próximas a la investigación, el inmueble estuvo en realidad alquilado durante ese tiempo por una empresa constructora con sede en Madrid, Edhinor S.A., especializada en la construcción de infraestructuras y obras públicas. Edhinor habría sido la compañía que habría costeado el precio del alquiler del chalé de El Viso, que en una vivienda de estas características y en esta zona de Madrid podría haber ascendido a 5.000 euros mensuales.

 

Uno de los propietarios de Edhinor, Pedro Buendía de Lera, niega cualquier relación de su compañía con el chalé de El Viso. “Yo no conozco a este chico. Nunca lo he visto. Miente en todo, ¿quién te ha dado mi teléfono?”, se limitó a contestar ayer a este diario con un tono marcadamente nervioso. Sin embargo, pese a la contundencia de sus afirmaciones, otras fuentes próximas a la investigación policial corroboran la existencia de la relación de Edhinor con el famoso chalé. En la mañana de este miércoles, la constructora Edhinor ha lanzado un comunicado en el que niega que fuera arrendataria del chalé. Además, asegura que la empresa nunca ha mantenido “vínculo alguno ni laboral ni profesional con Francisco Nicolás G. I.”

Contratado como freelance

El propio Nicolás dispone de pruebas que confirmarían ese vínculo, pero también guarda otras que permiten despejar la última gran incógnita. ¿Qué relación tenía Nicolás con ese chalé y, por tanto, con Edhinor? Según ha podido saber este diario, el acusado trabajaba para la empresa constructora como freelance. Su labor consistía en captar inversiones y contratos para esta compañía. La vivienda de lujo fue la oficina que le pusieron para que cerrara el mayor número posible de operaciones.

Edhinor

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La Unión Temporal de Empresa (UTE) formada por Edhinor SA y Fernández Molina Obras y Servicios SA se hizo este junio con la adjudicación del contrato.

Calle del Cardenal Belluga, 21, 28028 Madrid
917 26 78 05

Sobre Edhinor

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Áreas de actuación

Zonas geográficas de actuación de Edhinor en España.

Eso explicaría por qué los vecinos veían al joven entrar y salir a todas horas en compañía de hombres negocios. Además, con el paso del tiempo, el inmueble, de unos 700 metros cuadrados útiles, tres plantas, un semisótano y un garaje, dejó de ser una simple oficina para convertirse en una segunda residencia. Su habitación estaba en la segunda planta. Llevó a sus amigos a la casa, montó fiestas en ella y también la utilizó para cerrar sus propias operaciones. El chalé le sirvió para impresionar a sus contactos. Su relación con esa vivienda llegó a tal punto que convirtió este domicilio en el oficial anotándolo en su propio DNIEl Confidencial accedió en exclusiva este lunes a ese documento.

Una casa de diseño

La vivienda tenía todo lo necesario para hacer negocios. Se podía acceder por dos entradas. La principal se encontraba en la propia calle Carbonero y Sol y, la otra, en la parte de atrás, en el callejón de la calle de Grijalba. Además, la casa estaba repleta de cámaras de seguridad. Tan recelosos eran de preservar su intimidad que “los dos filipinos que trabajaban haciendo guardia en la vivienda fueron despedidos y pusieron a gente de su máxima confianza que le consiguió una gran empresa de seguridad de Madrid vinculada con el Madrid Arena”, asegura una persona que estuvo dentro del inmueble en compañía del pequeño Nicolás.

La decoración de la vivienda era “de las mejores marcas de diseño”, prosigue esta fuente. La planta principal la ocupaba prácticamente un extensísimo salón que desembocaba en el jardín, el lugar del que más le gustaba presumir al ‘pequeño Nicolás’. “Había una piscina exterior, con forma de laguna y luces en su interior”, narra el mismo testigo. La primera planta del inmueble dispone de tres dormitorios-despachos y, un piso más arriba estaba reservado para la suite. La última planta, donde se podía subir en ascensor, era la azotea, el lugar de “las fiestas de postín”.

Nicolás daba la sensación de vivir ahí. De hecho, uno de los empresarios que ha reconocido a este diario que fue engañado por él contó que estuvieron reunidos en un despacho de la planta baja. “La sensación que me dio es que el chico vivía ahí”, relata este otro testigo. “Estuvimos dentro reunidos en un despacho. Él tenía las llaves de la casa y el personal encargado de la limpieza y el servicio le llamaba por su nombre”.

Fuera o no su vivienda habitual, el ‘pequeño Nicolás’ no fue arrestado el pasado martes en este casoplón de uno de los barrios más elitistas de Madrid, en las inmediaciones del Santiago Bernabéu y a sólo diez minutos del Ministerio de Economía. La Policía lo localizó en la casa de su abuela, de 90 años, y lo tuvo retenido casi 72 horas. Desde que fue puesto en libertad el pasado viernes, nadie ha conseguido dar con el ‘pequeño Nicolás’. 

 

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El pequeño Nicolás huye de Madrid después de cometer un gran fallo ante el CNI 

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XXXVIII reunión del Pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil en la que se ha presentado el Anteproyecto de Ley para el preceptivo informe

 

 

 

El Ministerio del Interior presenta el Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil al Pleno de la Comisión Nacional

Ministerio del Interior

Madrid, 20/10/2014

El subsecretario del Ministerio del Interior ha presidido la XXXVIII reunión del Pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil en la que se ha presentado el Anteproyecto de Ley para el preceptivo informe

Se ha emitido informe favorable al proyecto de Real Decreto de medidas de control de riesgo de accidentes graves con sustancias peligrosas que actualiza las medidas de prevención para salvaguardar la salud de las personas, bienes y medio ambiente

También se han informado favorablemente las Instrucciones técnicas de dos Reglamentos, el de Artículos pirotécnicos y cartuchería y el de Explosivos

El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, ha presidido la XXXVIII reunión del Pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil que se ha celebrado esta mañana en la sede del Ministerio del Interior, en Madrid.

En este encuentro han estado presentes, por parte de la Administración General del Estado, el director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz Cruz, junto a altos cargos de 13 Ministerios y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Por parte de las Comunidades Autónomas, han participado directores generales y altos responsables de Protección Civil, junto a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil

Una vez aprobado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, el pasado 29 de agosto, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, presenta el citado Anteproyecto para el preceptivo informe del Pleno de la Comisión Nacional.

Tras este informe, y junto con su paso por la Comisión Nacional de Administración Local, el texto quedará listo para su aprobación por parte del Gobierno como Proyecto de Ley y su posterior trámite parlamentario.

El presente Anteproyecto, cuyo antecedente es la Ley 2/1985, de 21 de enero, trata de reforzar los mecanismos que potencien el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes y, al mismo tiempo, poner mayor énfasis en la prevención de las situaciones de emergencia y hacer posible el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de la Unión Europea, con el fin de afrontar de forma rápida y eficaz estas situaciones.

En definitiva, viene a actualizar el ordenamiento jurídico en base a la experiencia adquirida, teniendo en cuenta los desarrollos que ha sufrido la Ley del 85 y los compromisos asumidos por España en el marco internacional, respetando en todo caso las competencias de las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de Autonomía y de las Entidades Locales.

El nuevo texto consta de 49 artículos, estructurados en seis títulos. Define lo que se entiende por protección civil y señala que el Sistema Nacional de Protección Civil integra la actuación de las Administraciones Públicas para garantizar una respuesta coordinada y eficiente, mediante:

  • La prevención de riesgos colectivos
  • La planificación de medios para afrontarlos
  • La intervención inmediata en caso de emergencia
  • El restablecimiento de infraestructuras y servicios esenciales
  • El seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico

Asimismo, establece que los poderes públicos promoverán la formación y el desarrollo de la competencia técnica en la materia y que la Escuela Nacional de Protección Civil será la encargada de entrenar y formar al personal de los servicios de protección civil de la Administración General del Estado, así como de desarrollar acciones de I+D+i y colaborar en las actuaciones formativas del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Proyecto de Real Decreto de medidas de control de riesgos de accidentes graves con sustancias peligrosas

El proyecto de Real Decreto de medidas de control de riesgos de accidentes en los que intervengan sustancias peligrosas ha sido presentado al Pleno, que ha emitido su informe favorable.
Este Real Decreto incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva del Parlamento Europeo Seveso III, relativa a accidentes graves con sustancias peligrosas.

La norma tiene por objeto salvaguardar la salud de las personas, los bienes y el medio ambiente cuando se produzcan accidentes en los que intervengan este tipo de sustancias. Las disposiciones de este texto modifican y amplían las ya establecidas en la normativa vigente y se aplicarán a los establecimientos que almacenen, manipulen o procesen sustancias peligrosas por encima de una determinada cantidad definida en esta norma.

Además de medidas en materia de protección civil, tales como la elaboración de planes de emergencia, la realización de simulacros o la información a la población afectada por un accidente grave en el que hayan intervenido sustancias peligrosas, el Real Decreto contempla otros aspectos vinculados a la seguridad industrial.

Instrucciones Técnicas para la aplicación del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería y el Reglamento de Explosivos

El Pleno ha emitido informe favorable a las Instrucciones Técnicas Complementarias, nº10, en materia de prevención y control de accidentes graves, para la aplicación de dos Reglamentos: el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (RAPYC) y el Reglamento de Explosivos (RE).

Su objetivo es prevenir los accidentes graves en los que intervengan productos regulados en el presente Reglamento, así como limitar sus consecuencias sobre la salud humana, los bienes y el medio ambiente.

Se aplicarán en los talleres y depósitos de pirotecnia y cartuchería en los que pueda originarse un accidente grave, tanto dentro como fuera del establecimiento, cuando la presencia real o potencial de una o varias sustancias explosivas o peligrosas superen los umbrales establecidos; así como en fábricas, instalaciones, talleres y depósitos de materias reglamentadas en los que pueda originarse un accidente grave cuando las cantidades máximas de sustancias explosivas presentes en el establecimiento, o que pudieran estarlo, superen los umbrales establecidos.

No serán de aplicación al transporte por carretera, ferrocarril, navegación interior o marítima, ni a su almacenamiento temporal intermedio directamente relacionado con él.

5ª reunión del Foro Europeo para la Reducción del Riesgo de Desastres

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha presentado, para conocimiento de los asistentes, las Conclusiones de la 5ª reunión del Foro Europeo para la Reducción del Riesgo de Desastres, que ha organizado en la Escuela Nacional de Protección Civil.
Las “Conclusiones de Madrid” fijan la posición de la plataforma europea para la Conferencia Mundial de Sendai (Japón), que tendrá lugar del 14 al 18 de marzo de 2015, en la que se marcarán las políticas para el próximo decenio.

Junto a la representante especial de Naciones Unidas, Margareta Walström, han asistido representantes de países europeos e instituciones integrantes del Foro, auspiciado por Naciones Unidas, que ha finalizado con el objetivo principal de desarrollar acciones comunes y sinergias entre la adaptación al cambio climático, el desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de desastres.

En el seno de la reunión, se ha concedido el Premio “Damir Čemerin al Cambio Local” al Ayuntamiento de Lorca por las medidas adoptadas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su capacidad para sobreponerse a los efectos del terremoto de 2011

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La Policía Nacional detiene a un hombre por manejar por control remoto los terminales móviles de sus exparejasConsejos de seguridad y privacidad para tu smartphone

La Policía Nacional detiene a un hombre por manejar por control remoto los terminales móviles de sus exparejas

Cuerpo Nacional de Policía

Alicante, 24/07/2014

El arrestado, con amplios conocimientos informáticos, había instalado un programa de los denominados “troyanos” o de control remoto en los teléfonos de las víctimas,  teniendo acceso completo a los contenidos del mismo, tales como mensajes, llamadas, fotografías y situación geográfica en tiempo real

En el registro de la vivienda los agentes incautaron un reloj y unas gafas con cámara y micrófono ocultos, tres antenas para alcanzar redes Wifi, seis DVD con grabaciones de vídeo y conversaciones, ocho discos duros y once dispositivos de memoria, además de documentación para piratear redes Wifi

Se le imputan delitos contra el honor e intimidad, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre  en Alicante por manejar por control remoto los terminales móviles de sus exparejas. El arrestado, había instalado un programa de los denominados “troyanos” o de control remoto en los teléfonos de las víctimas, teniendo acceso completo al contenido de los mismos, tales como mensajes, llamadas, fotografías y situación geográfica en tiempo real. En el registro de la vivienda los agentes incautaron un reloj y unas gafas con cámara y micrófonos ocultos, tres antenas para alcanzar redes Wifi, seis DVD con grabaciones de vídeo y conversaciones, ocho discos duros y once dispositivos de memoria, además de documentación para piratear redes Wifi.

La investigación se inició hace dos meses cuando una mujer interpuso una denuncia en la que alertaba de que una persona desconocida estaba accediendo por control remoto a su terminal telefónico, utilizando sus datos y archivos de carácter personal.

Amplios conocimientos informáticos

Las primeras averiguaciones realizadas por los agentes determinaron que la expareja sentimental de la denunciante tenía amplios conocimientos informáticos por lo que los agentes continuaron realizaron gestiones en esta línea. Además, los investigadores localizaron a otra mujer que había tenido también una relación sentimental con el sospechoso y que manifestó haber sufrido problemas similares con su teléfono.

Ambas víctimas coincidían en que el detenido les había facilitado datos de conversaciones privadas que mantenían con terceras personas, llegando a recriminarles incluso el contenido de las mismas. Además, había tenido acceso a fotografías y vídeos extraídos de los smartphones.

Con el fin de espiar a sus víctimas, el detenido había instalado en sus terminales móviles un programa de los denominados “troyanos” o de control remoto, teniendo acceso completo al contenido de los teléfonos, tales como mensajes, llamadas, fotografías y monitorización en tiempo real de la situación geográfica.

Manejaba los teléfonos desde una página Web

Por todos estos hechos, se detuvo a un hombre de 44 años de edad, en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig, al que se le imputan delitos contra el honor e intimidad, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos.

Realizado el registro de su domicilio se consiguieron evidencias de autoría de los hechos descritos, así como que manejaba una página Web, a través de la cual controlaba el acceso a terminales telefónicos de terceras personas. En la vivienda los agentes incautaron un reloj y unas gafas con cámara y micrófono ocultos, tres antenas para alcanzar redes Wifi, dos teléfonos móviles, seis DVD que contenían grabaciones de vídeo y conversaciones, ocho discos duros, once dispositivos de memoria y diversa documentación con claves para piratear redes Wifi.

Se ha constatado al menos, la existencia de dos víctimas, continuando el análisis de la información intervenida para poder localizar, en su caso, otras personas afectadas.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante.

Consejos de seguridad y privacidad para tu smartphone

  • No compartas tus contraseñas con amigos o parejas, la mejor forma de que sea segura es mantenerla en secreto. Una clave compartida por dos o más personas no es segura. Si la relación se rompe, la persona tendrá acceso a toda tu información.
  • Utiliza claves seguras: con caracteres alfa-numéricos, símbolos, mayúsculas, y de como mínimo ocho caracteres. No utilices nombres propios, fechas de nacimiento
  • Memoriza tus contraseñas (puedes utilizar reglas mnemotécnicas) y no las dejes anotadas en agendas, libretas o papeles
  • Utiliza un sistema de bloqueo seguro, y, si utilizas un patrón, limpia la pantalla con asiduidad. De la misma manera que cierras tu vehículo o tu casa, debes dificultar el acceso a los datos de tu smartphone.
  • Si estás sufriendo chantajes o amenazas de otra persona a través del teléfono o redes sociales, no dudes y denuncia en una comisaría de Policía.

Los expertos en ciberseguridad Jaime Sánchez y Pablo San Emeterio consiguen falsear el remitente del popular servicio de mensajería. “Nuestro día a día es buscar vulnerabilidades que pueden ser explotadas por delincuentes para afectar la seguridad de personas y empresas”

Whatsapp, dudoso testigo de cargo

Dos ‘hackers’ españoles consiguen falsear el remitente del popular servicio de mensajería.

El País TV

Ver trabajar a un hacker no es lo más excitante del mundo. Sobre una mesa, dos teléfonos móviles y un ordenador portátil con la pantalla negra llena de un código ilegible para el no iniciado. Jaime Sánchez y Pablo San Emeterio, dos ingenieros informáticos expertos en ciberseguridad, han conseguido quebrar el código de WhatsApp para modificar el remitente de un mensaje; para simular que alguien envió unas líneas a nuestro teléfono móvil. La suya es una magia pequeña, pero poderosa. Una grieta en un servicio de mensajería que tiene 500 millones de usuarios, un tráfico diario de 10.000 millones de mensajes, y que acaba de ser adquirida por Facebook por 19.000 millones de dólares (14.000 millones de euros). Usando una metáfora de un mundo que desaparece, lo que han logrado estos hackers buenos sería comparable a colarse en el sistema de Correos para poder recibir falsas cartas certificadas y atribuibles a una persona que nunca las escribió.

Tres remitentes, un mismo móvil

Los expertos en ciberseguridad Jaime Sánchez y Pablo San Emeterio en la redacción de EL PAÍS. / Paula Casado

Los expertos en ciberseguridad Jaime Sánchez y Pablo San Emeterio realizaron para EL PAÍS una prueba de la grieta que han encontrado en el servicio de mensajería WhatsApp. En una situación normal, un mensaje del teléfono A al B pasa por el servidor de WhatsApp y un sistema de cuatro contraseñas lo valida al entrar y al salir. Lo que hacen  Sánchez y San Emeterio es colocarse en medio. El mensaje pasa por los dominios de WhatsApp, pero antes de llegar al teléfono B, es interceptado. Los hackers teclean en su ordenador el nombre y el teléfono de la persona a la que quieren suplantar. Cuando el mensaje aterriza en el teléfono B, este no solo no lo rechaza, sino que no hay manera de saber que el remitente ha sido modificado. Y como WhatsApp no almacena datos en sus servidores, es imposible encontrar el remitente original. En un minuto, los hackers mandan tres mensajes desde el teléfono A que llegan al B como si hubiesen sido enviados de tres números distintos. El de verdad y otros dos, a los que, por razones narrativas, han bautizado como “jefe” y “expareja”, para insinuar el tipo de falsas amenazas que uno podría alegar haber recibido.

“Nuestro día a día es buscar vulnerabilidades que pueden ser explotadas por delincuentes para afectar la seguridad de personas y empresas”, dice la pareja, que lleva un par de años explorando los fallos de WhatsApp. Desde entonces han descubierto cómo espiar conversaciones, han descifrado contraseñas, fabricado mensajes malignos que consiguen que un móvil deje de funcionar… Todas estas debilidades, que han hecho públicas en distintas ponencias internacionales, han sido parcheadas por la empresa con más o menos rapidez.

Pero a su último descubrimiento aún no se ha puesto solución. “Modificar el remitente de un mensaje podría tener todo tipo de implicaciones, tanto cotidianas como legales, en temas de divorcios, de extorsiones…”, explican los expertos. “Por ejemplo, se podría presentar una denuncia por amenazas ofreciendo como prueba falsos mensajes de alguien a cuyo teléfono ni siquiera hemos tenido acceso físico”. Basta con saber su número. El teléfono que se hackea es el receptor del mensaje, que hace ver que han llegado mensajes de números que jamás enviaron nada.

El portal de descargas Softonic.com (125 millones de usuarios únicos al mes) publicó el trabajo de Sánchez y San Emeterio en marzo y consiguió arrancar una reacción al esquivo Jan Koum, fundador de WhatsApp. Koum contestó entonces que los españoles no habían comprometido la seguridad de sus servidores ya que el mensaje se modificaba al llegar al teléfono receptor. Un portavoz de la compañía ha manifestado a EL PAÍS que “la seguridad es prioritaria para WhatsApp”.

Se trata, en todo caso, de una grieta de difícil acceso para el usuario medio. “No es algo que pueda hacer nuestro amigo informático de turno”, añadía la información de Softonic. “Pero pone en entredicho la seguridad de WhatsApp y, desde luego, lo descarta como un medio válido para probar algo a nivel legal”.

Solo hay que googlear las palabras “WhatsApp” y “sentencia” para asomarse al agujero. Julio de 2011, la Audiencia Provincial de Las Palmas ratifica una sentencia por injurias basada en parte en una conversación de WhatsApp entre la acusada y el novio de la denunciante; marzo de 2013, cuatro chicas de Vigo son condenadas a pagar multas de 100 y 200 euros por amenazar a otra tras agregarla a un grupo de WhatsApp; noviembre de 2013, un hombre es condenado por un juzgado de Ferrol a un año y nueve meses de cárcel por mandar 2.147 mensajes de WhatsApp (y hacer 53 llamadas perdidas) a su expareja; febrero de 2014, el Tribunal Supremo admite como prueba de cargo en un caso de tráfico de cocaína las conversaciones por WhatsApp de los acusados; junio de 2014, un juzgado de Pontevedra instruye un caso contra un hombre que difundió por WhatsApp los controles de carretera de la Guardia Civil; el 2 de julio un juez examinó las transcripciones de las conversaciones de WhatsApp entre un profesor imputado por abusos y sus alumnas…

La mensajería instantánea se usa como prueba cada vez en más juicios. / Stock Image

“El creciente uso de WhatsApp como prueba en los juicios es una pasada”, dice Carlos Aldama, ingeniero informático que trabaja como perito informático judicial. Hace un año, peritaba una prueba de WhatsApp al mes, ahora son seis al mes, en casos de todo tipo, infidelidades, divorcios, custodias, temas de negocios, pederastia… “Aproximadamente una de cada 20 pruebas está falseada”, explica Aldama. Se ha encontrado de todo: burdas capturas de pantalla de una conversación retocadas como imágenes, sencillas manipulaciones de la geolocalización de un envío, o suplantaciones más complejas ejecutadas con troyanos (software malicioso que infecta un dispositivo). “Todo esto lo muestran ante notario… y claro, el notario da fe de lo que ve, pero no sabe si lo que ve está o no manipulado”, dice el perito, que asegura que en los mercados de la Deep Web (una capa profunda y libre de Internet de difícil acceso en la que se trafica con armas, droga o pornografía) se puede contratar gente que por unos 50 dólares falsean mensajes de WhatsApp.

En esta maraña de mentiras digitales, la falsificación del remitente que plantean Sánchez y San Emeterio, supone hilar muy fino. “Para detectarla el perito tendría que tener acceso a los dos terminales, al informe de transferencia de datos o al router por el que se conectó”, explica el perito judicial. “De ser impugnada por la otra parte, un perito no admitiría los mensajes como prueba irrefutable, pero, aun así, lo que han detectado los dos españoles es un fallo de seguridad”. Según Aldama, si la Justicia quiere ofrecer garantías de defensa, tendrá que contar cada vez más con los ingenieros informáticos.

“Aproximadamente una de cada 20 pruebas electrónicas está falseada”, dice Carlos Aldama, Ingeniero Informático que trabaja como Perito Informático Judicial y De Parte

“La justicia no está preparada, no existe a día de hoy la figura de un Juez 2.0”, opina Federico Bueno de Mata, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y premio extraordinario de tesis sobre la prueba electrónica. El gran escollo es que las pruebas se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 (y WhatsApp se fundó en 2009). “La tecnología evoluciona a un ritmo completamente distinto que el sistema judicial”, dice el abogado. “Lo que nos lleva ante una justicia tecnológicamente obsoleta a nivel probatorio”. El problema de fondo para este doctor en Derecho es que “la valoración de la prueba electrónica por parte del juez está totalmente condicionada a lo dicho por el perito informático”. Al final, decide el técnico. Para devolver la “sana crítica” a sus señorías, las oposiciones a judicatura deberían incorporar conocimientos tecnológicos, según el abogado, y se deberían fomentar los cursos de reciclaje para que los jueces se pongan al día.

Abogados, peritos y expertos en ciberseguridad coinciden en que las empresas de mensajería también tienen parte de responsabilidad. “Algunas ven la seguridad más como una inversión que como un coste, algo que retrasa el tiempo de desarrollo de un producto en un mercado que se mueve muy rápido”, dicen Sánchez y San Emeterio. “La mayoría de las veces van a rebufo de los hackers, arreglando los errores a medida que son expuestos”. Agujeros en la seguridad que se hacen públicos mundialmente en minutos. “El primero que falsea un servicio como WhatsApp, tiene el mérito”, opina Carlos Aldama. “Pero una vez se publica la información de cómo se ha hecho, paso a paso, cualquiera con conocimientos medios puede repetirlo; por ello, las empresas deberían tomar medidas inmediatas”.

Conclusiones y recomendaciones elaboradas, con la aportación del CNPIC, durante la “Misión de Asistencia Técnica en Seguridad Cibernética”, organizada por la OEA.

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Nueva Ley 9/2014 de 9 de mayo, de Telecomunicaciones que deroga la anterior Ley 32/2003, de 3 de noviembre.El ámbito de aplicación de esta Ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados, de conformidad con el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 114 Sábado 10 de mayo de 2014Sec. I. Pág. 35835
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
1.
El ámbito de aplicación de esta Ley es la regulación de las telecomunicaciones, que
comprenden la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones
electrónicas y los recursos asociados, de conformidad con el artículo 149.1.21.ª de la
Constitución.
2.
Quedan excluidos del ámbito de esta Ley los servicios de comunicación
audiovisual, los contenidos audiovisuales transmitidos a través de las redes, así como el
régimen básico de los medios de comunicación social de naturaleza audiovisual a que se
refiere el artículo 149.1.27.ª de la Constitución.
Asimismo, se excluyen del ámbito de esta Ley los servicios que suministren
contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas, las
actividades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los
servicios de la Sociedad de la Información, regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que no consistan,
en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de
comunicaciones electrónicas.
Artículo 2.
Las telecomunicaciones como servicios de interés general.
1.
Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en
régimen de libre competencia.
2.
Sólo tienen la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones
de servicio público los servicios regulados en el artículo 4 y en el Título III de esta Ley.
La imposición de obligaciones de servicio público perseguirá la consecución de los
objetivos establecidos en el artículo 3 de esta Ley y podrá recaer sobre los operadores
que obtengan derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, de
derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de derechos de uso de recursos
públicos de numeración, direccionamiento o de denominación o que ostenten la condición
de operador con poder significativo en un determinado mercado de referencia.
Artículo 3.
Objetivos y principios de la Ley.
Los objetivos y principios de esta Ley son los siguientes:
a)
Fomentar la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones para
potenciar al máximo los beneficios para las empresas y los consumidores, principalmente
en términos de bajada de los precios, calidad de los servicios e innovación, teniendo
debidamente en cuenta la variedad de condiciones en cuanto a la competencia y los
consumidores que existen en las distintas áreas geográficas, y velando por que no exista
falseamiento ni restricción de la competencia en la explotación de redes o en la prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas, incluida la transmisión de contenidos.
b)
Desarrollar la economía y el empleo digital, promover el desarrollo del sector de
las telecomunicaciones y de todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes
ultrarrápidas permiten, impulsando la cohesión social y territorial, mediante la mejora y
extensión de las redes, así como la prestación de los servicios de comunicaciones
electrónicas y el suministro de los recursos asociados a ellas.
c)
Promover el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas, fomentando la conectividad y la interoperabilidad extremo a extremo y su
acceso, en condiciones de igualdad y no discriminación.
d)
Promover el desarrollo de la industria de productos y equipos de

telecomunicaciones

El grupo terrorista antisistema radical Resistencia Galega que cuenta con una estructura militar y con un método de captación, se encuentra activo en los incidentes del pasado sábado, producidos al término de la llamada Marcha de la Dignidad en Madrid, fueron heridos 67 agentes de Policía, algunos de ellos de gravedad.

Resistencia Galega está tras los incidentes más graves del 22-M

  • Los radicales viajaron de forma escalonada a Madrid para evitar el control policial

  • Según la Policía, estos jóvenes idearon los episodios de violencia contra los agentes

Se convirtieron en los grandes protagonistas de la jornada, los que han dejado marcada la fecha del 22-M como una jornada de altercados muy violentos. Los jóvenes que protagonizaron los incidentes más graves el pasado sábado, incluyendo los ataques a numerosos policías, están vinculados con Resistencia Galega, un grupo antisistema muy radical, cuyos integrantes han sido incluso condenados en la Audiencia Nacional por terrorismo.

Los militantes de este grupos son herederos del antiguo Exercito Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe, una trama terrorista que fue desmantelada por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Durante los últimos años, los episodios de violencia callejera, de terrorismo de baja intensidad, por parte de esta trama en Galicia han sido constantes. Y por este motivo, el último grupo desmantelado por la Policía fue acusado ya en la Audiencia Nacional de terrorismo, entre otros delitos.

Según explicaron fuentes policiales, un potente grupo de jóvenes llegados desde Galicia y pertenecientes a esta organización lideraron los episodios más violentos contra la Policía, con lanzamientos de piedras y agresiones de extrema dureza. Venían perfectamente organizados y llevaban encima material para ejercer la violencia urbana. Tras protagonizar los incidentes, se retiraron antes de que los agentes antidisturbios pudieran detectarles y detenerles.

No fueron detectados

Según las fuentes consultadas, la llegada de estos radicales gallegos no fue detectada por los servicios de información de la Policía. Las previsiones se centraron en la posible actuación de los extremistas afincados en Madrid, que están perfectamente localizados. Pero la violencia llegó desde fuera.

Los jóvenes de Resistencia Galega no se desplazaron en las autodenominadas «columnas» para evitar ser detectados. Viajaron hasta Madrid por sus propios medios y de forma escalonada, evitando así los controles de los servicios de información.

Según estas fuentes, los organizadores de los incidentes tenían todo medido. Cuando detectaron que la presencia policial aumentaba, después de poner en peligro la vida de varios agentes en el paseo de Recoletos, abandonaron la zona para evitar su detención.

Entre el material que utilizaron -parte del cual ha sido intervenido- había cuchillos, martillos, tirachinas, bolas de acero y palos que llevaban pinchos de hierro en la punta a modo de lanza. También había una muleta que camuflaba un cuchillo.

Según recoge el atestado policial, en total había alrededor de mil radicales violentos que se infiltraron entre el resto de manifestantes para despistar a los antidisturbios y ralentizar su actuación. Se han abierto diligencias policiales para aclarar si la irrupción de un camión de los bomberos en la zona de conflicto tuvo o no que ver con la actuación de los violentos.

Resistencia Galega cuenta con una estructura militar y con un método de captación

Desde hace meses, los servicios policiales ya vienen advirtiendo del radicalismo protagonizado por Resistencia Galega y sus organizaciones satélites. Así, informes remitidos por los servicios antiterroristas a la Audiencia Nacional constatan que Resistencia Galega «puede ser considerada como una organización autónoma dentro del entramado del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Galego, del que se nutre y apoya, presentando características claramente definidas y reuniendo los requisitos necesarios para ser considerada una organización terrorista».

Resistencia Galega cuenta con una estructura militar (en la que hay legales e ilegales, como en ETA) y con un método de captación. Son además clave sus grupos de financiación y de falsificación. En definitiva, un modelo organizativo muy similar al que históricamente tenían ETA y su entorno.

Los incidentes del pasado sábado coincidieron con una renovación de cargos en las unidades de intervención policial. Hacía pocas semanas, el que estaba el frente de la Unidad de Madrid ascendió a comisario y fue destinado a Melilla, dentro del interés del Ministerio del Interior por reforzar el despliegue policial en las fronteras debido al aumento de la presión migratoria.

De hecho, este traslado vino acompañado, poco después y tras nuevas avalanchas en la frontera, con un refuerzo de unidades de las UIP en Melilla. La salida de este mando y la llegada del nuevo han coincidido así con las jornadas de violencia de este fin de semana y no son pocos los que vinculan posibles descoordinaciones con esta renovación.

En cualquier caso, los sindicatos policiales siguen insistiendo en que la Policía debe depurar responsabilidades, ya que entienden que existieron fallos graves en el dispositivo. Desde el Ministerio del Interior se explica que se ha abierto una «investigación interna» para conocer todos los detalles del despliegue y se insiste en que, si se detectan fallos, se actuará en consecuencia y se depurarán responsabilidades si fuera necesario.

Los sindicatos policiales tienen su punto de mira puesto en el jefe de la UIP de Madrid recién aterrizado, en el jefe de todas las UIP y en el comisario general de Seguridad Ciudadana. Y reclaman la destitución de todos ellos.

En los incidentes del pasado sábado, producidos al término de la llamada Marcha de la Dignidad, fueron heridos 67 agentes de Policía, algunos de ellos de gravedad. Tanto el balance como las imágenes de lo sucedido -en las que se aprecia cómo grandes grupos de manifestantes violentos atacan a la Policía con todo tipo de objetos- no tienen precedentes y han sembrado gran indignación en los colectivos policiales.

Los municipales piden investigar

Respecto a la polémica actuación policial en Madrid durante los graves disturbios del 22-M, los agentes municipales de la capital pusieron ayer el foco en la intervención de un camión de bomberos, reclamando una investigación que aclare si su irrupción pudo contribuir a que algunos manifestantes se acercaran a los policías para agredirles. En uno de los vídeos puede verse cómo varios radicales se suben al vehículo mientras que otros tantos corren detrás, aprovechando su parapeto, para ganar terreno en la batalla campal contra los antidisturbios, que finalmente fueron acorralados. Asimismo, la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid se defendió de las críticas de los sindicatos de la Policía Nacional que también censuraron su entrada en escena. «Colaboraron cuando fueron requeridos», dijo su portavoz.

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La Guardia Civil detiene a tres personas por robo en el interior de un vehículo mediante el método del pinchazo en la autopista AP-7

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La Guardia Civil detiene a tres personas por robo en el interior de un vehículo mediante el método del pinchazo en la autopista AP-7

25 / 01 / 2014 Castellón

Los supuestos autores sustrajeron del interior del vehículo 15.000 euros y tres teléfonos móviles

La actuación ha sido realizada por la Guardia Civil de Castellón en colaboración con la Sección Fiscal de La Junquera y el Centro de Coordinación Policial Aduanera

La Guardia Civil ha detenido  a tres personas, como presuntas autoras de un robo en un vehículo mediante el método del pinchazo en la autopista AP-7. Los detenidos habían sustraído  del interior de dicho vehículo  15.000 euros y tres teléfonos móviles.

En la operación han participado la Guardia Civil de Castellón, la Sección de Fiscal de la Guardia Civil de La Junquera (Girona), y el Centro de Coordinación Policial Aduanera.

La actuación de la Guardia Civil se inició a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano ruso en el Cuartel de la Guardia Civil de Almenara (Castellón), en la que manifestaba haber sido víctima de un hurto en la autopista AP-7.

El denunciante informó a los agentes que había realizado una parada en el área de servicio de La Plana, y que tras reanudar la marcha, a los pocos kilómetros se dio cuenta de que tenía la rueda trasera del vehículo pinchada, por lo que detuvo el vehículo para cambiarla.

Fue en ese momento cuando apareció un vehículo de gama alta del que bajó un varón ofreciéndole ayuda para cambiar la rueda, a lo que el denunciante aceptó. Mientras se encontraban cambiando la rueda, otro de los ocupantes del vehículo de alta gama aprovechó la circunstancia para sustraer del interior del vehículo averiado un bolso con 15.000 euros en efectivo y tres teléfonos móviles.

Inmediatamente los agentes de la Guardia Civil de Castellón iniciaron una investigación y, en colaboración con el Centro Policial Aduanero y la Sección Fiscal  de la Guardia Civil de La Junquera (Girona), se procedió a la identificación de los autores del hecho y el vehículo que utilizaban, el cual había sido alquilado en un aeropuerto de París.

Fruto del operativo establecido por la Guardia Civil se procedió a detener, la tarde del día 22 de enero, en el paso fronterizo de La Junquera, a F.B., de 42 años y nacionalidad serbia,; a N.S., de 49 años y nacionalidad macedonia; y a I.A., de 45 años y de nacionalidad kosovar, como supuestos autores de un delito de hurto.

A dichas personas les constan numerosas detenciones por hechos similares, perteneciendo todos ellos a una banda organizada dedicada al alquiler de vehículos para perpetrar robos y hurtos en áreas de servicio por todo el territorio nacional.

Los detenidos, en unión de las diligencias instruidas, pasarán en el día de hoy a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Figueres (Girona).

Existen imágenes de la operación a disposición de los medios en: www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/index.html

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Castellón en el teléfono 964.22.46.00, ext. 241 o en el 628.140.650.

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“La Generalitat y los ayuntamientos han reducido drásticamente, hasta un 50%, y en algunos casos más, las partidas destinadas a la seguridad, sobre todo en los dos últimos años por falta de presupuesto para ella ”, Vigilantes sin títulos adecuados

Las medidas de seguridad en los edificios públicos  han disminuido hasta un 50% por por parte de presupuesto para ella debido  los recortes en los Organismos pùblicos y Empresas privadas

Centros médicos, comisarías, sedes institucionales y monumentos son los más afectados, según las empresas del sector y los sindicatos de policía

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El atentado anarquista en la Basílica del Pilar o el caso del pistolero de París son dos incidentes recientes que han despertado de nuevo la sensación de vulnerabilidad de los lugares de acceso público. Estos sucesos coinciden, no obstante, en un momento en que las medidas de seguridad están experimentando unos recortes considerables debido a la crisis y con menores presupuestos institucionales para estas partidas, según coinciden empresarios y sindicatos del sector.

“La Generalitat y los ayuntamientos han reducido drásticamente, hasta un 50%, y en algunos casos más, las partidas destinadas a la seguridad, sobre todo en los dos últimos años”, alerta a LaVanguardia.com Josep Mulero, representante de la Associació d’Empreses de Seguretat (ACAES), que aglutina el 80% del sector en Catalunya. Una situación similar viven los empresarios del resto de España que aseguran que “los recortes en materia de seguridad privada son un hecho y afectan muy negativamente al sector”, afirman fuentes de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), que agrupa a las grandes empresas españolas que representan a cerca del 80% del volumen de negocio del sector. Y es que todas las fuentes consultadas coinciden en asegurar que desde 2008 han entrado en una “tendencia decreciente, que tiende a mantenerse en el corto plazo” y que les ha llevado a cerrar 2012 con menos de 3.000 millones de euros, una facturación similar a la realizada en el ejercicio 2004. En el caso catalán, el departamento d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ha reconocido a este medio que los recortes han afectado a la partida de seguridad, aunque no han concretado cifras.  

Además, como sucede en otros sectores como en el farmacéutico, las empresas de seguridad también sufren importantes retrasos en los cobros y aseguran tener “facturas pendientes de la Generalitat de hace más de dos años y atrasos de pagos de los ayuntamientos”, revela Mulero. Todo ello, explican desde APROSER, repercute en los trabajadores porque con la demora en la atención de las facturaciones y la dificultad de acceso a la financiación “se hace muy difícil atender mensualmente los compromisos de pago a empleados y proveedores, y tomar medidas en defensa de un sector clave”.

Vigilantes sin títulos adecuados
El descenso de las contrataciones y el volumen de negocio van acompañados, según explican empresarios y sindicatos, de un empeoramiento de los servicios de seguridad contratados. Así, según APROSER se está dando una tendencia por parte de las administraciones a contratar “priorizando el precio sobre la calidad del servicio”, algo que lleva, en ocasiones, a “un incumplimiento por parte de algunas empresas adjudicatarias de las normativas mínimas aplicables”, alertan.

Jesús Martínez, secretario de acción sindical de la federación de servicios privados de CCOO, también cree que el servicio prestado está empeorando. El representante sindical apunta que se utilizan vigilantes que no tienen la titulación adecuada y que para poder mantener unos mínimos, prescinden de agentes y “tiran” de seguridad privada pasiva, como pueden ser las cámaras de vigilancia a pesar de que asegura que los estudios advierten que estos sistemas funcionan “relativamente” y que la seguridad física, la presencial, es la más efectiva. Esta tendencia provoca que “hoy sobren vigilantes de seguridad mientras que en 2009 faltaban”, explica. Así, los datos de CCOO, cuya sección sindical acaba de organizar unas jornadas sobre los efectos de la crisis en la seguridad privada, indican que la contratación en este sector ha bajado un 20% en cuatro años.

Falta de mantenimiento
Las consecuencias de los recortes son tan preocupantes que, según explica Mulero, han llevado incluso a “eliminar” presupuestos dedicados al “mantenimiento preventivo”. “Se reparan los sistemas de seguridad cuando se estropean pero no se realiza el mantenimiento para detectar problemas, con lo que puede darse la situación de que no se sepa que una alarma no funciona”, detalla el representante de los empresarios catalanes. Mulero explica que la Generalitat “tiene sistemas, como el de detección de incendios, estropeados en centros oficiales y residencias de abuelos y no dispone de partidas para repararlos”.

Y aunque según la federación de empresarios españoles hay administraciones que siguen considerando la seguridad como un servicio fundamental “otras sí han reducido el mantenimiento preventivo de elementos de seguridad, con todas las consecuencias que esto podría conllevar”. Estas prácticas añaden más riesgo a la seguridad de los edificios porque “los fallos en el sistema pueden ser utilizados fácilmente por los delincuentes”, puntualiza el representante de los empresarios catalanes.

Edificios oficiales menos vigilados
Mulero también explica que “hay edificios públicos o conselleries que, por falta de presupuesto, han tenido que aplicar recortes en su seguridad” y sentencia que “en algunos casos, hay edificios que pueden estar en riesgo”. La sede del Institut Català de la Salut (ICS) es una de las instituciones afectadas. El organismo reconoce que han “recortado el personal de seguridad prescindiendo del turno de la mañana” pero que ha sido sustituido por “ordenanzas que realizan trabajos de información”, explican.

Los empresarios catalanes de seguridad también alertan que se ha prescindido de personal en los Centros de Atención Primaria (CAP). “Hay una empresa de seguridad que está en concurso de acreedores porque después de ser contratada para ello, la Generalitat ha decidido eliminar la vigilancia”, explica Mulero. En este sentido, el ICS argumenta que se ha mantenido la vigilancia “en los CAP más grandes o en los que están en zonas conflictivas”. El Institut Català de la Salut apunta que aunque “ha disminuido el presupuesto en seguridad de los CAP y hospitales”, se ha pasado a “racionalizar” estos servicios, que hay seguridad “donde toca” y que se ha puesto en marcha “un convenio con los Mossos d’Esquadra para incrementarla dentro de los centros y asesorar al personal para evitar situaciones de violencia”.

Más policía en comisarías y menos en la calle
Precisamente, los Mossos d’Esquadra es otra de las instituciones afectadas por los recortes en seguridad. Hace seis meses que, como medida de ahorro, se decidió eliminar la seguridad privada que custodiaba las comisarías y ahora son agentes del cuerpo policial los que se encargan de ello”, explica Toni Castejón, del Sindicat Mossos SME CCOO, antes de añadir que “para poder colocar estos agentes en las puertas de la comisaría hay que sacarlos de otra parte, algo que disminuye el número de efectivos en la calle y, por tanto, afecta a la seguridad ciudadana”.

El representante sindical destaca que el descenso de personal es preocupante recordando que “hace tres años que no sale ninguna promoción y estamos en déficit total de efectivos”. Así, según Castejón, la situación es tal que en edificios a los que antes se destinaban 10 agentes para su protección, ahora se asignan cinco. Para este agente, el máximo ejemplo que el cuerpo sufre una carencia de personal es que ha aparecido la figura del somatén “porque no tenemos suficientes efectivos para hacer prevención”.

José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) coincide con su colega y afirma que se está produciendo “un importante recorte que va a tener consecuencias”. Según el SUP, los recortes afectan a la seguridad del patrimonio y de todos los espacios públicos, como puertos o aeropuertos. Benito, igual que su homólogo catalán, recuerda que pierden “2.500 efectivos cada año” y que a pesar de que tienen más trabajo porque “la crisis hace que se cometan más delitos”, cada vez trabajan con menos medios. Fuente Leer más: La vanguardia

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El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, acompañado por el director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz Cruz, presentará el viernes, 25 de octubre, a las 11:00 horas, el simulacro europeo “Curiex 2013”.

CONVOCATORIA DE PRENSA: El subsecretario del Ministerio del Interior presenta el simulacro europeo “Curiex 2013”

El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, acompañado por el director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz Cruz, presentará el viernes, 25 de octubre, a las 11:00 horas, el simulacro europeo “Curiex 2013”.

Al acto, que tendrá lugar en la sede del Departamento, asistirán la subdelegada del Gobierno en Cáceres, Jerónima Sayagués, y la directora de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear, María Fernanda Sánchez.

“Curiex 2013” es un ejercicio internacional, cofinanciado por la Comisión Europea, que se celebrará en el entorno de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), los días 5 y 6 de noviembre, e implicará a más de 5.000 personas de la población extremeña y a los medios de comunicación.

En el ejercicio, cuyo objetivo es verificar la capacidad de respuesta de los correspondientes Planes de Emergencia, se simulará un accidente nuclear que provoca una fuga de material radiactivo a la atmósfera, con la consiguiente evacuación preventiva de una parte de la población afectada.

Asimismo, se pone en práctica la colaboración e integración de los equipos de asistencia de otros Estados participantes en el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

A lo largo del simulacro se practicarán de forma real las distintas medidas de protección a la población a adoptar según la evolución de la emergencias, tales como el control de accesos, el confinamiento, la profilaxis radiológica, la evacuación, el control de alimentos y agua y la descontaminación.

Día:

Viernes, 25 de octubre de 2013

Hora:

11:00 horas

Lugar:

Ministerio del Interior

C/ Amador de los Ríos, 7
Madrid