¿Le parece adecuado el tratamiento que la nueva ley da a la figura del guarda rural?

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ENTREVISTA

César Álvarez Fernández, Coronel jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil. Fuente Seguritecnia

“Ha nacido un nuevo modelo de seguridad en España que requiere el esfuerzo de todos para afianzarse”

27/05/2014

Su impulso reformista, amplitud de miras y absoluta lealtad al fin superior que constituye la seguridad en España han motivado que sea uno de los artífices del nuevo modelo de seguridad privada en nuestro país. César Álvarez Fernández, coronel jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, que ha sido uno de los forjadores del proceso de reforma de la nueva ley, explica a Seguritecnia los principales cambios legales que se han producido, entre ellos los relacionados con los guardas rurales.

– Como una de las personas que ha hecho posible que el sector tenga esta ley, ¿de qué manera ha vivido usted el proceso de elaboración de la norma?

Cuando el Ministro del Interior comparece en el Congreso para exponer las que serán las líneas generales de su departamento, hace referencia, como una de ellas, a la necesidad de conseguir la racionalización de medios y al empleo eficiente de los recursos, anunciando su intención de modificar la Ley de Seguridad Privada para mejorar la calidad de sus servicios. En este punto, el director general de la Guardia Civil solicita formalmente al ministerio la integración del Cuerpo en el grupo de trabajo que lleve a cabo los estudios correspondientes, partiendo de la premisa de que cualquier cambio normativo que afecte al modelo de seguridad en España debe contar con la participación de la Guardia Civil.

En ese momento, el SEPROSE disponía ya de un documento en el que se recogían las líneas estratégicas que, a nuestro juicio, debían seguir en la reforma. Ese documento era fruto de nuestra experiencia, adquirida a través del Plan General de Colaboración con el sector de la seguridad privada y, especialmente, del Programa Coopera; pero también contenía las recomendaciones que nos habían hecho llegar expertos de diferentes ámbitos del sector, todos ellos de reconocido prestigio y que compartíamos plenamente.

Con ese presupuesto nos incorporamos al grupo de trabajo que la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior había formado con el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), en el momento que se valoraba un borrador de texto articulado que había presentado este  Cuerpo. A partir de ese momento, la cuestión consistía en intentar incorporar nuestras líneas estratégicas a ese texto.

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Debo reconocer el gran trabajo desarrollado por el CNP, especialmente por el comisario Gándara, porque no es fácil elaborar una norma que dé respuesta al conjunto de problemas con que se enfrenta en el día a día de su actividad de control de la seguridad privada. Por nuestra parte, teníamos la facilidad de poder elevarnos por encima de ese día a día y aportar soluciones novedosas, a veces más prácticas desde el punto de vista del interés general. Pero, por encima de todo debo destacar la extraordinaria labor de dirección que llevó a cabo en todo momento el secretario general técnico del Ministerio, Juan Antonio Puigserver, eficazmente secundado por el vicesecretario, Antonio Cerrolaza. Puedo asegurar que sin su participación, el resultado habría sido muy diferente, por desgracia para todos.

– ¿Cuál cree que es la principal aportación de la nueva norma al sector?

En mi opinión, sin duda alguna, la incorporación plena de la seguridad privada al sistema público de seguridad, aunque lo haga, lógicamente, como un recurso externo. Esta decisión tiene tal cantidad de implicaciones, en todos los sentidos, que es la causa de que podamos afirmar que asistimos al nacimiento de un nuevo modelo de seguridad en España.A partir de ahora, ese modelo debe afianzarse con un esfuerzo constante de todos para conseguir la máxima fiabilidad de los servicios privados y el uso más eficiente de todos los recursos, públicos y privados.

– ¿Cuáles son los avances más importantes que supone la Ley 5/2014 para la Seguridad Privada en España?

En primer lugar, seguridad jurídica para todos. La ley crea un modelo en el que se regulan de forma flexible las posibilidades de actuación, que ya no dependerán de interpretaciones más o menos voluntariosas de la Administración.

En segundo lugar, para los proveedores de servicios se diseña un marco de requisitos que deben conducir a la mejora de su calidad, impidiendo, al mismo tiempo, la competencia desleal y el intrusismo. Sobre esta base, se amplía su ámbito de actuación.

En tercer lugar, aparece el usuario como organizador de su propia seguridad con amplias capacidades para el control de su calidad, todo ello a través de una figura clave: el director de seguridad.Por último, se mejora la capacidad de actuación del personal ampliando su formación, variable en función del tipo de servicio, y reforzando su autoridad con una protección jurídica adecuada a su función.

– ¿Hasta qué punto avanza esta ley en lo que a la colaboración entre la Seguridad Privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se refiere?

El tiempo de hablar de colaboración ha pasado. Ese concepto se imponía en la Ley de 1992 marcando la subordinación de los servicios privados respecto de los públicos. En los últimos años, coincidiendo con la mayor madurez del sector privado y la toma de conciencia de esta circunstancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), se produjeron notables avances en la búsqueda de fórmulas para conseguir una colaboración bidireccional. Hoy, con la incorporación de la seguridad privada al sistema público, cabe hablar de coordinación, la gran asignatura pendiente; pero la colaboración está ya incorporada a la responsabilidad de quienes tenemos en nuestras manos la seguridad de todos. En el preámbulo de la ley puede leerse que “es preciso transitar desde la concepción de control y sanción, que inspira la Ley 23/1992 y que tuvo su razón de ser en aquel momento, hasta una norma que permita aprovechar las enormes potencialidades que presenta la seguridad privada desde la perspectiva del interés público”. En este sentido, todos, seguridad privada y FCS, debemos sentirnos parte de un sistema llamado a garantizar la seguridad de los ciudadanos y nadie puede creerse propietario de los servicios de los demás; si algo nos corresponde en propiedad a cada uno de nosotros es la obligación de servir al interés general.

Así pues, con la mutua lealtad como guía de nuestra actuación, debemos buscar los mecanismos más eficaces para asegurar esa coordinación. Por otra parte, es interesante recordar aquí que la propia Ley impone al Ministerio del Interior la obligación de adoptar las medidas organizativas que la garanticen, como no podía ser de otra forma dada la complejidad y multiplicidad de actores que intervenimos y la trascendencia de la cuestión.

– Esta ley otorga al director de Seguridad un gran papel dentro del sector, especialmente si se compara con la anterior, en la que ni se incluyó esta figura profesional cuando se promulgó. ¿Cuál es el papel que desempeña hoy en día este profesional para que se haya producido ese cambio de visión desde la Administración?

Efectivamente, la Ley de 1992 nació con un objetivo claro: el control de empresas y vigilantes; el usuario no entraba en los planes de la Administración. Pero gracias a esa ley se ha producido un desarrollo armónico del sector, capaz de dar respuesta a las necesidades de seguridad surgidas de la globalización. Hoy, más allá del ámbito estricto de la seguridad privada, las organizaciones protegen sus activos frente a amenazas de cualquier naturaleza desarrollando estructuras de seguridad corporativa para la gestión de los riesgos derivados de su actividad y mejorar su resiliencia. El propio Estado, consciente de la necesidad de interactuar con el sector privado en beneficio de la seguridad nacional, exige a las organizaciones interlocutores válidos para cada una de las áreas de riesgo abordadas desde normativas específicas: infraestructuras críticas, seguridad de la información, blanquéo de capitales, protección civil.

En consecuencia esta ley, poniendo el foco en el usuario más que en el proveedor de servicios, trata de unificar esas figuras confiriendo al director de Seguridad un carácter integral y dotándole de amplias capacidades en el desempeño de su función. El salto cualitativo es enorme. De no existir o tener una existencia oscura, el director de Seguridad pasa a convertirse en la piedra angular para la coordinación de los servicios privados con la seguridad pública.

– Ya están trabajando sobre el Reglamento de Seguridad Privada que desarrollará la nueva ley. Una de las dudas más extendidas en el sector es qué requisitos se exigirán a los profesionales que trabajen en las infraestructuras críticas. ¿Qué especificaciones podría introducir el documento en ese sentido?

Efectivamente estoy seguro de que todos, Administración y sector, estamos perfilando nuestras propuestas para que el futuro Reglamento ayude a conseguir el mejor modelo posible para el desarrollo de los servicios privados de seguridad en España.En particular, una de las mayores carencias del modelo anterior era no tener en cuenta las diferencias entre servicios a la hora de imponer requisitos a usuarios, proveedores y personal.

La cuestión resultaba especialmente llamativa en la protección de las infraestructuras críticas, ya que es un ámbito especialmente necesitado de servicios de calidad y no se exigía ningún requisito específico a las empresas de seguridad que asumían su protección ni al personal encargado de materializarla. Sólo recientemente se ha contemplado la necesidad de que, en determinados supuestos, este personal recibiera formación específica y se implantaron unos módulos con un mínimo de diez horas de aprendizaje de ciertas materias.

En mi opinión, esto resulta absolutamente insuficiente. Las infraestructuras críticas lo son porque su funcionamiento es esencial para la sociedad, y su destrucción o perturbación puede producir un importante número de víctimas o un impacto brutal en la economía o el medio ambiente; en consecuencia, requieren un modelo de protección con suficientes garantías que sólo puede surgir de la colaboración público-privada, con un reparto de misiones entre los servicios privados y las FCS acorde con sus respectivas capacidades. En todo caso, las empresas y el personal de seguridad privada que asuman estos servicios deberían tener un alto grado de fiabilidad, fruto de una rigurosa selección y una instrucción adecuada.

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– ¿Le parece adecuado el tratamiento que la nueva ley da a la figura del guarda rural?

La diferenciación entre el ámbito rural y el urbano es hoy muy difícil de establecer en muchas ocasiones. Como ejemplo, observamos con frecuencia que las fincas rústicas son explotaciones agrícolas o ganaderas convertidas en auténticas instalaciones industriales. Sin embargo, la figura del guarda rural no ha seguido, al menos en su tratamiento legal, la misma evolución.

Quizá por desconocimiento, tampoco fue objeto de la atención del legislador en 1992 que la relegó a su función ancestral de proteger la caza, la pesca y las fincas rústicas en su más arcaica concepción. Por si fuera poco, en el ejercicio de las competencias transferidas en materia de medio ambiente, las comunidades autónomas han regulado la caza en su espacio y algunas, haciendo gala de un notable sentido de la ineficiencia, han creado sus propias figuras para el control de esta actividad que vienen a invadir el ámbito natural de actuación del guarda rural, cuya habilitación no llegan a reconocer. Y así, mientras los guardas languidecen, hay servicios que las empresas de seguridad no pueden asumir por la dificultad de desplazar vigilantes a determinadas zonas. Tal situación ocurre con los servicios de acuda o verificación personal de alarmas que en demarcación territorial de la Guardia Civil resultan extremadamente escasos, obligando a nuestros propios servicios a un sobre esfuerzo que merma su potencial para otras necesidades.

Por otra parte, no es razonable que se niegue a esta figura la posibilidad de actuar en el ámbito de la protección de instalaciones en su entorno o de participar en servicios encomendados a la seguridad pública cumpliendo estrictamente las instrucciones de las FCS. Tengo el convencimiento de que estas limitaciones derivan de su condición de autónomos, no integrados en empresas de seguridad, que actúan muchas veces en solitario y reacios casi siempre al asociacionismo. Es necesario hacer un esfuerzo de comprensión hacia esta figura. No se trata de un vigilante de seguridad privada al uso, sino de un elemento del sistema que desarrolla un trabajo muy específico en un entorno especial, lejos generalmente del apoyo de las Fuerzas de Seguridad, por lo que debe hacer gala de una autoridad y fuerza moral que le sitúan más próximo a la condición de agente de la seguridad pública. Esta es su peculiaridad y hemos intentado reconocerla en la ley ampliando su capacidad de actuación en nuevos espacios, aunque exigiendo, para esos nuevos servicios, su integración en empresas de seguridad como garantía para los usuarios contratantes de su calidad y responsabilidad. Creo que la nueva ley corrige el injusto tratamiento que les daba la anterior. Incluso el nuevo nombre se ajusta mejor a su función y rompe la sensación de vinculación exclusiva al campo.

– ¿Desea añadir algo más?

Quiero dar las gracias a Seguritecnia por darme la oportunidad de intervenir en este monográfico y agradecerle la colaboración que nos ha brindado en todo momento para mejorar nuestro conocimiento del sector y sus necesidades. Esto es también especialmente aplicable a la Fundación Borredá  y a todos los expertos que, en aras del interés general, han contribuido con sus aportaciones a que podamos asistir al nacimiento de una nueva era en la seguridad privada de España.