El Título II del Código Penal en su artículo 31 bis relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Tras las últimas reformas operadas en el Código Penal se han introducido importantes cambios en todo lo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que rompen con la locución latina “potestas delinquere non potest”

En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

El Título II del Código Penal en su artículo 31 bis especifica que “en los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
TÍTULO II

De las personas criminalmente responsables de los delitos y faltas
[Bloque 38: #a27]

Artículo 27.

Son responsables criminalmente de los delitos y faltas los autores y los cómplices.
[Bloque 39: #a28]

Artículo 28.

Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

También serán considerados autores:

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
[Bloque 40: #a29]

Artículo 29.

Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
[Bloque 41: #a30]

Artículo 30.

1. En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente.

2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden:

1.º Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.

2.º Los directores de la publicación o programa en que se difunda.

3.º Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.

4.º Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

3. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior.
[Bloque 42: #a31]

Artículo 31.

1. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.

Se suprime el apartado 2 por el art. único.3 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953

Se modifica por el art. único.1 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Ref. BOE-A-2003-21538

Última actualización, publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010.
Modificación publicada el 26/11/2003, en vigor a partir del 01/10/2004.
Texto original, publicado el 24/11/1995, en vigor a partir del 24/05/1996.
[Bloque 43: #a31bis]

Artículo 31 bis.

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.

3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente.

4. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

Se modifica el párrafo primero del apartado 5 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-15647.

Se añade por el art. único.4 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953

Última actualización, publicada el 28/12/2012, en vigor a partir del 17/01/2013.
Modificación publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010.

Texto añadido, publicado el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso?.

Esa responsabilidad penal será exigible aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella.

Una de las circunstancias atenuantes que recoge el texto legal en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas es la de haber establecido, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales y antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

También considera circunstancias atenuantes la aportación de pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

Estas modificaciones obligan a las empresas a establecer importantes mecanismos de vigilancia y control interno. Las empresas deben diseñar e implementar sistemas que las permitan operar dentro del más estricto cumplimiento del marco normativo en el que se encuadre su actividad. La finalidad de estas políticas debe conseguir concienciar a toda la organización sobre la necesidad de ese estricto cumplimiento, tratando de atenuar o eximir de esa responsabilidad penal a la persona jurídica.

En relación a lo indicado está proliferando la utilización de políticas de corporate compliance, que podríamos definir como el conjunto de sistemas de supervisión y control que afectan a las empresas en función del ámbito empresarial en el que operan. Evidentemente los riesgos a los que se enfrenta una empresa en su actividad varían notablemente en función de la tipología de actividades en las que opera. Lo cierto es que en atención al tamaño y a las actividades de las empresas muchas de ellas ya habían incorporado a lo largo del tiempo en sus procesos herramientas y procedimientos de control tendentes a minimizar al máximo los posibles riesgos penales inherentes a su actividad. En el departamento de consultoría de seguridad informática de Grupo Paradell llevamos años prestando servicios de auditoría externa y vigilancia de sistemas informáticos para que las empresas puedan tener un control adecuado de los mismos. En un entorno cada vez más tecnológico muchos ilícitos dentro del ámbito empresarial se producen a través de medios digitales. De hecho, en los últimos tres años hemos incrementado notablemente la prestación de este tipo de servicios.

También muchos despachos de abogados han incorporado departamentos especializados en Corporate Compliance con la finalidad de ayudar a las empresas a identificar los riesgos, elaborar códigos internos de buena conducta, establecer canales de denuncia, ejecutar planes de control y por supuesto a realizar auditorias de vigilancia que permitan controlar el cumplimiento de esos planes e identificar posibles conductas delictivas.

De la mano del Corporate Compliance ha surgido la figura del compliance officer, que debería ser el responsable y supervisor del cumplimiento de todos los planes y políticas de control que afecten a la empresa. El compliance officer puede ser un trabajador de la propia empresa, un órgano colegiado e incluso puede ser ejercido de forma externa a la compañía.

La posible responsabilidad penal del compliance officer dependerá en gran medida de muchos factores, entre los que destararía el nivel de delegación de responsabilidad que los órganos directivos de la empresa hayan delegado en esa figura y el nivel de tolerancia que esos mismos órganos hayan podido tener con esas conductas delictivas. La responsabilidad del compliance officer se cruza con la de los directivos de las distantes áreas de la empresa y el nivel de control y cumplimiento que ejerzan sobre las mismas.

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