El Congreso de Diputados ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Seguridad Privada

Vía libre del Congreso para aplicar la nueva Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de los vigilantes   20.03.14 | 14:30h.      EUROPA PRESS | MADRID

No podrán patrullar por zonas comerciales peatonales, pero sí vigilar las cárceles, centros de extranjeros o parques comerciales y de ocio

El Congreso ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de los vigilantes y les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros o la “participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”. Para su entrada en vigor, ya sólo resta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto ha sido aprobado definitivamente con las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado, que han contado con el apoyo de PP, CiU y, parcialmente, PNV. El resto de grupos parlamentarios rechazan de plano la nueva legislación, que consideran que “privatiza la seguridad en detrimento de las Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Los aspectos más polémicos de esta nueva Ley de Seguridad Privada son los referidos a las competencias que otorga a los agentes de seguridad privada en su artículo 41. Tras los acuerdos alcanzados por PP y CiU en el Senado, finalmente los vigilantes no podrán patrullar por las zonas comerciales comerciales.

Sin embargo, sí se mantienen el resto de funciones que figuraban en el redactado original, de manera que los agentes de seguridad privada podrán hacerse cargo del control del perímetro exterior de las cárceles y los centros de extranjeros.

También, con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.

PODRÁN DETENER Y ANOTAR DATOS PERSONALES

Otro de los puntos de la Ley que ha provocado más debate durante su tramitación parlamentaria es el relativo a la potestad de los vigilantes para detener a ciudadanos que hayan cometido un delito. Tanto el Ministerio del Interior como el PP han defendido que las competencias de los vigilantes de seguridad privada para detener son las mismas con las que cuenta cualquier otro ciudadano desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, según la cual, cualquier ciudadano puede detener a otro si le descubre cometiendo un delito, si se ha fugado de prisión o si se encuentra huido de la Justicia.

El texto final aprobado este jueves por el Congreso mantiene la potestad de los agentes de seguridad privada para practicar detenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no les permite averigua

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Mayor control de los detectives

La nueva Ley de Seguridad privada aumentará las competencias de los vigilantes

Les permitirá vigilar el exterior de las prisiones e iniciar investigaciones privadas. Se crea un nuevo Registro Nacional de Seguridad.

Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz, tras el Consejo de Ministros. | Mir

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentó este viernes ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de seguridad privada, que vendría a sustituir a la norma legal que rige desde el año 1992, y en la que se dota de mayor competencias a los vigilantes de seguridad y se estrecha el cerco sobre las actividades que realizan los detectives privados.

El texto establece competencias para los vigilantes privados en funciones como los servicios de video-vigilancia privada dentro de inmuebles; la gestión y respuesta de alarmas; la vigilancia de polígonos, urbanizaciones y zonas comerciales peatonales; los servicios de planificación y asesoramiento; así como la investigación privada, una de las novedades del texto.

A esto, se une una vieja reivindicación de las empresas de seguridad privada, la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, siempre bajo la dirección de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Con esta nueva función, Interior pretende recolocar a los miles de escoltas que trabajaron en la protección de cargos públicos amenazados por la banda terrorista ETA en el País Vasco y Navarra, y que en el último año y medio han perdido su trabajo.

El Ministerio empezó a trabajar en este sentido en marzo de 2012, siendo un tema tratado, incluso, en el Consejo de Personal de la Guardia Civil, tal y como informó Libertad Digital. A finales de marzo, la Dirección General del Instituto Armado informó a sus Unidades de Seguridad Penitenciaria que a partir del pasado 1 de abril estos vigilantes privados ya empezaban a trabajar en 21 centros penitenciarios, en 19 de los cuales el cuerpo responsable de su seguridad es la Guardia Civil y en dos de las cuales lo es el Cuerpo Nacional de Policía.

Mayor control a los detectives

El texto normativo, exactamente en su título segundo, establece que todas las empresas de seguridad y agencias de detectives tendrán que inscribirse en el nuevo Registro Nacional de Seguridad. Asimismo, en función de la mayor o menos actividad desempeñada por la empresa, aumentarán o disminuirán los requisitos que deben cumplir para poder inscribirse.

Se estrecha, asimismo, el cerco sobre las actividades que llevan a cabo los detectives privados. Con su entrada en vigor, deberán documentar los encargos en un contrato escrito; además del libro-registro que ya llevan, habrán de elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos; el citado informe estará en todo momento a disposición de las Fuerzas de Seguridad y de la Autoridad Judicial; y presentarán una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior.

r o comprobar estos datos, como figuraba en el texto inicial y que fue modificado durante su tramitación en el Senado.

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