UFP, en contra de la nueva Ley de Seguridad Privada porque traerá “policías baratos”

 

UFP, en contra de la nueva Ley de Seguridad Privada porque traerá “policías baratos”

Jueves, 12 de Diciembre de 2013 13:20 , Tania Costa

Fuentes del sector defienden que la norma legalizará prácticas que ya se vienen haciendo sin respaldo legal.A la Unión Federal de Policía (UFP) de Melilla no le gusta lo poco que ha trascendido del nuevo proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado en el Congreso, que permitirá que los vigilantes puedan practicar detenciones en las inmediaciones de los lugares que estén custodiando o prestar servicio en zonas comerciales y peatonales aledañas a éstas. Para UFP lo que se está haciendo es intentar tapar la falta de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la contratación de “policías baratos”. “No es cierto que con esta ley habrá más seguridad. Lo único que permitirá es darle más competencias a vigilantes que con un mes de preparación ya son policías. El Gobierno está potenciando la seguridad privada porque cada vez salen menos agentes de las promociones del Cuerpo y quieren suplir esta falta con policías privados”, señaló ayer a El Faro José Guerrero. La aprobación de la nueva Ley traerá como consecuencia, según el portavoz de la UFP en Melilla, que el que tenga dinero podrá pagarse la seguridad privada. Además provocará, en su opinión, que “en los próximos cinco años el número de agentes de la Policía Nacional pase de los 70.000 efectivos actuales a unos 40.000”. Esta escasez de policías nacionales se notará especialmente, según Guerrero, en ciudades pequeñas como Melilla en las que hay más jubilaciones que en otros puntos de España como Madrid y Barcelona, donde están destinados la mayoría de agentes jóvenes. Este año se han jubilado entre 20 y 30 policías nacionales de la ciudad. “Todos los años hay un déficit de 3.800 efectivos en toda España”, recalcó el portavoz de la UFP. A partir de la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada, Guerrero cree que empezarán a proliferar en Melilla empresas de seguridad y “las que están, aumentarán su plantilla”. Esta normativa que aún está a falta de tramitación en el Congreso servirá, insiste el portavoz de UFP en la ciudad, para que los comerciantes se pongan de acuerdo y paguen seguridad privada en la zona de tiendas de Melilla, por ejemplo. “Con la nueva ley, los guardias jurados pueden estar en la calle y hasta ahora no podían salir de los comercios que los contrataban”.
Sustituir a agentes mayores Otra cosa muy distinta opinan fuentes del sector de la Seguridad Privada en Melilla. “La nueva ley está muy bien porque lo único que hace es ampliar las funciones de los vigilantes de seguridad y permitirá sustituir por gente joven a los funcionarios ya mayores, que están por jubilarse y que normalmente trabajan en las garitas y comisarías. Hay varios sindicatos en contra, pero no hay nada que temer. A los vigilantes que se contraten en las cárceles se les dará una formación extra”, señalaron ayer a El Faro. Otro de los aspectos que aplaude el sector de la Seguridad Privada es la creación de nuevos puestos de trabajo: “En la prisión de Melilla serán entre 20 y 30 vigilantes”, vaticinan las mismas fuentes. En la práctica, añaden, la nueva ley viene a dar respaldo a determinadas funciones que los vigilantes de seguridad vienen haciendo desde hace tiempo. “Si alguien entra en un comercio a robar y es sorprendido, ahora se ‘retiene’ hasta que llega la Policía. Con la nueva ley tendremos grilletes y defensa para hacer lo mismo”, insisten. La nueva normativa, recalca, permitirá también que la Policía se ocupe de vigilar las zonas periféricas de la ciudad, “que del centro nos ocuparemos nosotros si, por ejemplo, nos contratan los comerciantes”, subrayan desde el sector. La ley viene “a cambiar el nombre a las cosas y a darle legalidad a lo que ya veníamos haciendo los vigilantes de seguridad”, concluyen. El sindicato SUP de momento prefiere no pronunciarse sobre la nueva ley hasta estudiar con profundidad el texto del proyecto. Por su parte, otras fuentes sindicales han señalado a El Faro que prefieren ser cautos antes de dar una opinión porque no saben “si lo que se está buscando es privatizar la seguridad y darle más competencias a trabajadores que seguirán cobrando lo mismo”.

Detenciones Ni interrogatorios ni cacheos arbitrarios En el artículo 32.1 c) del nuevo texto se recoge que los vigilantes de seguridad sólo pueden detener a quien acaba de cometer un delito, si lo ha cometido en el ámbito de su protección (el lugar protegido) e inmediatamente después tienen que ponerlo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes. Nunca podrán proceder a su interrogatorio ni practicar cacheos ni detenciones arbitrarias. Vigilancia Privada Respaldo legal a los vigilantes de comercios El artículo 41 del proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada permite que se pueda prestar servicios de vigilancia y protección “en zonas comerciales peatonales”, siempre y cuando exista una autorización previa y se haga en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se trata de un servicio que ya se viene prestando en zonas comerciales sin respaldo legal. Apoyos Una nueva ley respaldada por el PP, el PNV y CiU El proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada estará respaldado por PP, PNV y CiU. Los nacionalistas vascos y catalanes lo apoyan porque se garantizan el control de esta nueva fuerza del orden.

Preocupación por la falta de formación de los vigilantes

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, aseguró ayer que los agentes de seguridad privada no tienen formación suficiente para interpretar los mandatos referentes a la prevención del racismo y xenofobia en España. El representante de esta organización destacó a los periodistas, durante la inauguración de unas jornadas contra la xenofobia y el racismo en Málaga, que “existe una preocupación” sobre la nueva Ley de Seguridad Privada en lo que hace referencia a las identificaciones por perfil racial. Ibarra insistió en que este proyecto de ley puede suponer un “crecimiento del prejuicio xenófobo” y recordó que, en una época de crisis económica, hay un 60% de ciudadanos que antes no se posicionaban y ahora “levantan la bandera de los españoles primero”, lo que “quiebra el principio de igualdad de trato”, señaló. Asimismo criticó también otras medidas como la retirada de tarjetas sanitarias a los inmigrantes o la instalación de concertinas en la valla de Melilla. El presidente de Movimiento contra la Intolerancia advirtió además de que de que partidos como Amanecer Dorado de Grecia mantienen relaciones “muy estrechas con formaciones políticas de corte xenófobo en nuestro país”. La jornada que se celebró ayer en Málaga se plantea, según Ibarra, como anticipo a un trabajo con las fuerzas de seguridad a nivel nacional que están en el programa de formación para el registro de crímenes de odio racial que hay en España.

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