La Asociación Profesional de la Magistratura respaldó el proyecto y destacó que los vigilantes privados ya practicaban detenciones. Jueces Para la Democracia y la Asociación Francisco de Vitoria defendieron que sólo el Estado ejerza el uso a la fuerza y consideraron que el proyecto tiene difícil encaje constitucional. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad dice que la ley respeta los derechos de los ciudadanos

El Gobierno destaca que la nueva ley de seguridad privada consolidará el sector

Las organizaciones policiales y de la Guardia Civil expresan su rechazo a ceder funciones a las empresas – Duras críticas de la judicatura, que cree que la norma tiene difícil encaje constitucional

agencias | madrid 12.12.2013 | 01:59

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. / efe

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. / efe

“Conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez”, asegura el Ejecutivo

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró ayer que uno de los principales objetivos de la aprobación de una nueva ley de seguridad privada es “ayudar a que se consolide un sector económico” que, a pesar de las dificultades que ha sufrido a causa de la crisis, está “en pleno crecimiento”.

“Conectar lo público y lo privado supone una muestra de sensatez”, dijo el número dos de Interior ante 300 representantes de empresas de seguridad. Francisco Martínez subrayó que la nueva ley “quiere ayudar a que se consolide un sector económico que da empleo a cerca de 90.000 personas, agrupa a más de 1.500 empresas y factura más de 3.600 millones anuales”.

“Hablamos de un servicio público esencial, que es el de la seguridad. Está en juego el bienestar de los ciudadanos, la protección de personas y bienes, la garantía última de derechos como la intimidad, la privacidad o la inviolabilidad del domicilio”, apuntó el secretario de Estado para quien estos objetivos suponen una “meta ambiciosa” para que los poderes públicos puedan actuar solos, de ahí que, a su juicio, sea “necesaria” la coordinación con el sector privado.

Los partidos de la oposición mostraron ayer en el Congreso su rechazo. El socialista Antonio Trevín pidió al Gobierno que lo retire y corrija su “deriva autoritaria preocupante”. El PP pretende “imponer el modelo de estricto orden público del Tea Party de Serrano. Si quiere sembrar el miedo nos tendrá enfrente”, añadió.

El popular Conrado Escobar le recordó que si el PSOE aprobó la ley de la “patada en la puerta” que se llevó “un batacazo en el Tribunal Constitucional”, ahora no puede convertirse en “paladín de las libertades” cuando sólo busca “encender el discurso de trinchera y de barricada”. La vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría contrapuso la nueva ley a los métodos de Rubalcaba al frente de Interior cuando en el primer año hubo doce millones de identificaciones mientras que en 2012 fueron cuatro millones menos.

Los sindicatos y asociaciones mayoritarias de la policía y la guardia civil expresaron su rechazo a la “auténtica barbaridad” de que los vigilantes privados puedan patrullar y detener en la vía pública y denunciaron que se privatiza la seguridad pública.

El Sindicato Unificado de Policía acusó al Gobierno de beneficiar a las empresas y advirtió de que los efectivos policiales se convertirán en colaboradores de los vigilantes privados. Alertó además de que esta ley autoriza ceder datos oficiales.

La Confederación Española de la Policía expresó su preocupación por retroceder ante los intereses privados y la Unión Federal de Policía habló de ignominia.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles rechazó dar a los vigilantes carácter de agente de autoridad y alertó del riesgo de actuaciones policiales oscuras y de que más descoordinación.

La Asociación Profesional de la Magistratura respaldó el proyecto y destacó que los vigilantes privados ya practicaban detenciones. Jueces Para la Democracia y la Asociación Francisco de Vitoria defendieron que sólo el Estado ejerza el uso a la fuerza y consideraron que el proyecto tiene difícil encaje constitucional. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad dice que la ley respeta los derechos de los ciudadanos

 

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